Aunque fue publicada en agosto de 2023, la Ley N° 21.595 sigue teniendo una vigencia estratégica clave para empresas, directivos y profesionales en Chile. No se trata solo de una normativa más: esta ley marca un antes y un después en el régimen penal económico, y su impacto recién comienza a manifestarse en plenitud.

✅ ¿Qué hace tan relevante esta ley?

Redefine los delitos económicos, creando un sistema de clasificación en cuatro categorías que abarca desde infracciones al mercado financiero hasta delitos tributarios y medioambientales. Esta categorización determina el tipo de sanciones, agravantes y penas aplicables.
Eleva el estándar penal, especialmente para personas naturales en roles jerárquicos. Se introducen agravantes muy calificadas para altos directivos, penas obligatorias de multa y inhabilitaciones automáticas para ejercer cargos públicos o gerenciales, y para contratar con el Estado.
Amplía la responsabilidad penal de las personas jurídicas: ahora todas las empresas pueden ser penalmente responsables por delitos económicos si no cuentan con un Modelo de Prevención de Delitos (MPD) adecuado y eficaz.
El comiso de ganancias ya no depende exclusivamente de una condena penal. En ciertos casos, basta un sobreseimiento para que el Estado pueda decomisar beneficios obtenidos ilícitamente.

🚨 ¿Qué implica esto para las empresas en 2025?

Tener un MPD actualizado no es una opción, es una necesidad. La ley no solo penaliza la conducta ilícita, sino también la falta de diligencia en prevenirla.
Las micro y pequeñas empresas están excluidas de ciertas sanciones, pero si pertenecen a un grupo empresarial mayor, esta exclusión se pierde. Esto exige una evaluación precisa de su estructura societaria.
Las consecuencias reputacionales y operativas son significativas: perder la posibilidad de contratar con el Estado puede ser más costoso que una multa.

🛡️ Recomendación clave

Toda organización —grande, mediana o parte de un holding— debe auditar y robustecer sus sistemas de compliance y gobierno corporativo. Asegurar una gestión ética y transparente ya no es solo una cuestión de imagen: es una exigencia legal.

Claudio Alarcón Arriagada
Gerente General de Consultora Legal
Abogado | Contador Auditor | Ingeniero en Información y Control de Gestión | Magíster en Gestión y Planificación Tributaria