En el ámbito jurídico chileno, la prisión preventiva genera debates profundos sobre su aplicación y compatibilidad con el principio de presunción de inocencia. Con un 36% de la población penal en prisión preventiva, surgen cuestionamientos sobre si esta medida es efectivamente de última ratio o se está aplicando como regla general en casos donde otras medidas cautelares podrían ser suficientes.

Prisión Preventiva y su Marco Legal en Chile

La prisión preventiva, regulada en el artículo 139 del Código Procesal Penal, establece que esta medida solo debe proceder cuando las demás alternativas cautelares sean insuficientes para garantizar las finalidades del proceso o la seguridad de la sociedad. Sin embargo, las estadísticas indican que una proporción significativa de personas privadas de libertad en Chile están bajo esta medida, principalmente en casos de delitos graves, lo que ha generado críticas sobre su proporcionalidad.

Factores Determinantes en la Aplicación

1. Gravedad del delito: Casos que involucran crímenes con penas de presidio mayor suelen justificar la prisión preventiva.
2. Peligro para la sociedad o la víctima: Situaciones donde la libertad del imputado podría representar un riesgo inminente.
3. Riesgo de fuga: Especialmente relevante en regiones afectadas por criminalidad organizada y crisis migratoria, como Tarapacá y Antofagasta.

La Tensión entre Presunción de Inocencia y Seguridad

El principal desafío radica en equilibrar la presunción de inocencia, un derecho fundamental reconocido en tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y la necesidad de proteger bienes jurídicos como la seguridad pública. En Chile, la Corte Suprema ha enfatizado la importancia de que las decisiones de prisión preventiva estén debidamente fundamentadas, lo que no siempre ocurre, generando amparos por actuaciones ilegales.

Lecciones de Otros Países

• Alemania: Se priorizan medidas alternativas, como monitoreo electrónico, para reducir la aplicación de la prisión preventiva.
• España: Existen límites temporales estrictos, con revisiones periódicas de la medida cautelar.
• Estados Unidos: Se aplica el Speedy Trial Act, que busca minimizar el tiempo de detención preventiva antes del juicio. El Speedy Trial Act de 1974 es una ley federal de los Estados Unidos que establece plazos para concluir las etapas de un enjuiciamiento penal federal. Su objetivo es garantizar que los acusados no sean detenidos indefinidamente sin juicio

Oportunidades de Mejora en Chile

1. Fortalecer la fundamentación judicial: Garantizar que las resoluciones de prisión preventiva cumplan con los estándares legales y sean revisadas rigurosamente por las cortes superiores.
2. Promover medidas cautelares alternativas: Incrementar el uso de herramientas como brazaletes electrónicos y órdenes de alejamiento, especialmente en casos menos graves.
3. Capacitación continua para jueces y fiscales: Asegurar una aplicación uniforme y justa de las normas procesales.

Mi opinión:

El debate sobre la prisión preventiva en Chile refleja tensiones fundamentales entre derechos individuales y necesidades de seguridad pública. Avanzar hacia una aplicación equilibrada y ajustada al principio de proporcionalidad no solo fortalecerá la confianza en el sistema judicial, sino que también garantizará una mayor protección de los derechos humanos.

Con la madures cívica respectiva, Chile podría implementar un sistema similar al alemán, donde los jueces cuenten con un rango más amplio de medidas cautelares menos invasivas, acompañado de un monitoreo eficaz y eficiente. Además, fortalecer la colaboración con instituciones académicas para desarrollar estudios sobre el impacto de la prisión preventiva y promover políticas basadas en evidencia.

Como siempre les dejo mis fuentes

• Código Procesal Penal de Chile, artículos 139-142.
• Convención Americana sobre Derechos Humanos.
• Informes de Gendarmería de Chile (2024).
• Análisis de Francisco Javier Ljubetic Romero, Universidad Autónoma de Chile.

Claudio Alarcón Arriagada

Abogado/Ingeniero/Auditor

Gerente General de Consultora Legal

www.consultora.legal